A trav\u00e9s de un documento en que relatan en forma detallada diversos antecedentes, las diputadas RN Camila Flores y Paulina N\u00fa\u00f1ez buscan que la C\u00e1mara de Diputados acuerde solicitar a la Corte Suprema la remoci\u00f3n de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.<\/p>\n
La acci\u00f3n de las parlamentarias se sustenta en las resoluciones con que las Cortes de Apelaciones de Arica e Iquique rechazaron los recursos de amparo presentados por ese organismo a nombre de ciudadanos venezolanos que intentaban ingresar al pa\u00eds por la frontera norte. De acuerdo a los fallos, los funcionarios del INDH habr\u00edan procurado \u201cencuadrar\u201d las circunstancias de ingreso, recomendado a los venezolanos que solicitaran asilo en vez de buscar acceder a Chile en calidad de turistas.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 la diputada Flores, \u201cestos hechos nos parecen de la m\u00e1xima gravedad. Hasta el minuto, desconocemos de alg\u00fan sumario, alguna medida administrativa o alguna sanci\u00f3n que haya establecido la directora nacional del INDH, no sabemos cu\u00e1les son las medidas que ha tomado respecto de los funcionarios que, por un lado, habr\u00edan facilitado -seg\u00fan los antecedentes con que nosotros contamos- el ingreso de inmigrantes y, por otro lado, respecto de acomodar, falsear o encajar determinadas situaciones para que estos inmigrantes pudieran ingresar a nuestro pa\u00eds falseando la normativa interna, falseando la legalidad\u201d.<\/p>\n<\/div>\n
En este sentido, N\u00fa\u00f1ez agreg\u00f3 que los funcionarios del Instituto \u201cdisfrazaban la situaci\u00f3n (\u2026) Eso, por supuesto, no solo va m\u00e1s all\u00e1 de las atribuciones y competencias que le corresponden al INDH, sino que tambi\u00e9n est\u00e1 fuera de la ley y se trata de una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus cargos\u201d.<\/p>\n
De esta manera, el proyecto de acuerdo que hoy ingresaron a la C\u00e1mara \u2013y que podr\u00eda votarse el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles- sostiene que \u201cestamos ante un \u00f3rgano que forma parte de la Administraci\u00f3n del Estado y que ha actuado de manera cuestionable, excediendo sus facultades y atribuciones, todo ello amparado por su directora. Resultando, en consecuencia, contrario al principio de legalidad que rige todas las actuaciones de este tipo de \u00f3rganos, seg\u00fan prescribe art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Respecto del procedimiento que se inicia con el proyecto de acuerdo, el texto cita el art\u00edculo 7 de la Ley 20.405, que sostiene, en cuanto a los requisitos para la remoci\u00f3n de los consejeros, que \u201csolo podr\u00e1n ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la Rep\u00fablica o de la C\u00e1mara de Diputados, por incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, por alguna de las causales contenidas en los n\u00fameros 1\u00b0, 5\u00b0, 6\u00b0, 7\u00b0 u 8\u00b0 del art\u00edculo 256 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de Tribunales, o negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocer\u00e1 del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoci\u00f3n deber\u00e1 reunir el voto conforme de la mayor\u00eda de sus miembros en ejercicio\u201d.<\/p>\n
Para la aprobaci\u00f3n del proyecto, la C\u00e1mara debe pronunciarse a trav\u00e9s de su mayor\u00eda simple, es decir, el voto favorable de los parlamentarios presentes en Sala el d\u00eda de la votaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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