Quienes son los definirán el nuevo sueldo de los parlamentarios

Con los cambios que introdujo el Senado,al proyecto de rebaja de dieta parlamentaria, se definió que a futuro deberá crearse una comisión especial que fije cada cuatro años las rentas de diputados, senadores, Presidente de la República, de los funcionarios de la exclusiva confianza del mandatario, de gobernadores y de sus respectivos asesores.

Mientras esa comisión se pone en marcha, el proyecto propone que sea el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) el que defina una rebaja temporal de las rentas.

CIPER indagó en los vínculos políticos de los miembros del CADP: casi todos están ligados a un sector o partido político y sus trayectorias profesionales en gran medida han estado determinadas por sus nexos con esos grupos. Dos de los consejeros –Cristina Orellana y Eduardo Riquelme– se vieron involucrados en el escándalo del financiamiento irregular de la política, pues emitieron boletas a empresas que después las rectificaron ante el SII cuando se investigaban aportes ilegales a campañas electorales.

El consejo cuenta con cinco miembros: Alejandro Weber (presidente), Bettina Horst, Eduardo Abarzúa, Cristina Orellana y Eduardo Riquelme.

Ya el mecanismo por el que fueron nombrados plantea un posible conflicto de interés: el presidente del CADP es designado directamente por el Presidente de la República (quien en cualquier momento puede pedirle la renuncia), mientras que los restantes consejeros son propuestos por La Moneda y ratificados por el Senado. Es decir, ahora deberían definir la rebaja de los sueldos de quienes los propusieron y ratificaron en sus cargos. Y, como el presidente del CADP tiene un puesto que es de confianza del Presidente de la República, podría darse que termine fijando su propio sueldo.

A un paso de ser despachado por el Congreso (solo falta la ratificación del Senado a lo acordado por los parlamentarios en una Comisión Mixta), una de las certezas que hay sobre el futuro de la iniciativa es que la rebaja de las dietas ya no será automática ni obligatoriamente de un 50%.

Entre los argumentos originales de quienes presentaron el proyecto en 2014 se contaban dos principales: reducir la diferencia de más de 30 veces entre el sueldo mínimo y las rentas de parlamentarios, ministros y presidente; y que las remuneraciones de los congresistas chilenos están entre las más altas de la OCDE.

Las modificaciones hechas por el Senado al proyecto original incluyeron una recomendación al Consejo de Alta Dirección Pública: tener en cuenta la escala única de sueldos del Estado al momento de fijar la rebaja. Esto podría complicar la decisión, ya que existe una ley que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario, por lo que si la rebaja es relevante podría causar una ola de disminución en todas las remuneraciones de la administración pública. No obstante, ex consejeros dijeron a CIPER que hay alternativas para esquivar ese obstáculo.

Quines son ?

Además del presidente de Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber Pérez, quien es cercano a la UDI y fue nombrado en ese cargo por el gobierno de Sebastián Piñera en marzo de 2018, otros tres consejeros tienen vínculos políticos evidentes.

Cristina Orellana, ex vicepresidenta de la DC y ex esposa del diputado de ese mismo partido, Gabriel Silber, ha tenido una trayectoria profesional vinculada al aparato público durante los gobiernos de la Concertación y el de la Nueva Mayoría. Ingeniera en Agronegocios de la Universidad Central, ha sido directora regional de Corfo, de Sercotec, y directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas. También dirigía el centro de estudios Democracia y Comunidad, ligado a la DC, cuando esa entidad recibió dineros del Grupo Angelini, holding que luego rectificó esos pagos ante el SII cuando se indagaba el financiamiento político con boletas y facturas falsas.

Entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, Democracia y Comunidad percibió $84 millones provenientes de Inversiones Siemel, una empresa del Grupo Angelini. Inmediatamente después de que Siemel cesara los pagos a Democracia y Comunidad (noviembre de 2013), otra sociedad empezó a recibir esos pagos: Inversiones Vichuquén, la que entre enero y octubre de 2014 recibió $30 millones de Siemel. El dueño de Inversiones Vichuquén era Víctor Orellana, hermano de la dirigenta DC (vea reportaje de CIPER “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini”).

Cuando CIPER preguntó a Cristina Orellana por estos pagos, ella señaló que no tenía información de los negocios de su hermano y pidió que fuesen las empresas las que aclararan las rectificaciones tributarias que hicieron ante el SII. Pero, su nombre también apareció en otras rectificaciones tributarias: las de la empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said. En 2013 Cristina Orellana recibió $16,6 millones de Caburga. En esa ocasión Orellana dijo a CIPER que Caburga pudo haber hecho esa rectificación debido a que ella entonces estaba casada con el diputado Gabriel Silber (vea reportaje de CIPER “Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC”).

Hay otro miembro del Consejo de Alta Dirección Pública que apareció en una rectificación hecha por Inversiones Caburga cuando se investigaba el financiamiento político: Eduardo Riquelme Portilla. Abogado titulado en la Universidad del Mar, Riquelme mantiene estrechos vínculos con RN. Su nombre figura en la rectificación de Caburga con un pago de $4,4 millones que se hizo en 2009 (año electoral). En la trama del financiamiento ilegal de la política también figuró como abogado del ex diputado Alberto Cardemil (RN), quien era investigado por haber recibido dinero del Grupo Penta.

Riquelme fue subsecretario de Pesca del actual gobierno entre marzo de 2018 y julio de 2019. Justo después de haber renunciado a ese cargo fue nombrado como consejero de Alta Dirección Pública. En el primer gobierno de Piñera fue jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe de gabinete del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand. También fue asesor de Nicolás Monckeberg, cuando este era diputado, y cumplió roles de asesoría a la bancada parlamentaria de RN durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Está casado con Marcela Díaz Cofré, actual coordinadora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Vivienda y concejala RN por Las Condes.

Otra integrante del CADP con fuertes nexos políticos es Bettina Horst Von Thadden. Ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral, también es subdirectora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, centro de estudios estrechamente ligado a la UDI, partido al que presta asesorías parlamentarias. Está casada con Dario Paya, ex diputado y ex secretario general de la UDI, quien se desempeñó como embajador de Chile ante la OEA durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Bettina Horst ha sido jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central, miembro del Consejo Regional Metropolitano y actualmente forma parte del Consejo Asesor Estadístico del INE.

El quinto integrante del consejo es Eduardo Abarzúa Cruz, psicólogo de la Universidad Católica y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado. Su cupo en el CADP representa a los sectores de centroizquierda. No tiene vínculos políticos directos con partidos y en su historial profesional no aparecen puestos en entidades públicas. Pero ha estado ligado al mundo progresista desde los años 80, cuando integró la directiva de la Federación de Estudiantes de la UC en representación de un conglomerado de centroizquierda.