Nueva Constitución se abre camino en la derecha

Aunque el clamor popular empezó a escucharse en torno a una demanda muy concreta —la de anular el alza de la tarifa del Metro de Santiago—, con el paso de los días el malestar social en las calles comenzó a tomar otras formas. Una de ellas comenzó a aparecer cada vez más en los carteles durante las manifestaciones: “Nueva Constitución para Chile”.

No es una idea nueva. Cinco días antes de dejar La Moneda, la ex Presidenta Michelle Bachelet puso su firma en un proyecto de Nueva Constitución que derivó de un proceso impulsado por el Ejecutivo que incluyó cabildos ciudadanos. En ese momento, recibió críticas desde la derecha y el Frente Amplio: que habría sido un “saludo a la bandera”, una “irresponsabilidad”.

En abril de 2018, la misma Bachelet lo admitió en una visita a la U. de Chile. “(Tengo) plena conciencia de que no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente por varias razones. Había que crear las condiciones para que el proyecto fuera viable dentro de la correlación de fuerzas existentes”, dijo. Aseguró también que la discusión seguía abierta. En medio de esta crisis social, la idea vuelve a ganar terreno.

Este lunes, todos los senadores de oposición, desde el Frente Amplio hasta la DC, se unieron para presentar una reforma constitucional que propone la realización de un plebiscito para la creación de una nueva Carta Fundamental. Luego, los presidentes de la Cámara y el Senado acordaron un mecanismo para agilizar el trámite de un proyecto que permita su elaboración. A diferencia de lo que ocurrió con el proceso liderado por Bachelet —de todos los partidos de Chile Vamos, solamente participó Evópoli— esta vez la idea de construir una nueva Constitución comienza a abrirse camino dentro de la centroderecha y ya son varias las voces que consideran que podría ser una vía para descomprimir la crisis. Una idea que comienza a permear Dentro del Gobierno, el mensaje ha sido el de priorizar los “cabildos ciudadanos” que dependerán del ministro Sebastián Sichel. En ese sentido, el titular de Desarrollo Social afirmó que si la idea de una nueva Constitución “está entre lo que los ciudadanos definan” dentro de esa instancia, “bienvenida sea”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, recalcó que la prioridad del Gobierno es esa, pero que “después de haber escuchado la voz de la gente, podemos poner todos los temas en el debate”. “No hay nada escrito en piedra”, agregó. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha hecho el mismo énfasis. “En el mediano y largo plazo, creemos como Gobierno que lo primero es tener una conversación abierta con la ciudadanía”, dijo, poniendo como prioridad la de establecer “un diálogo político y social”.

Pero en RN, la idea avanza. “Es un tema que está instalado y RN no tiene problema con conversar cuáles son las alternativas, cuáles son las fórmulas”, dijo este martes el presidente del partido, Mario Desbordes. A su juicio, la discusión es “legítima” y debe conversarse “con un ánimo responsable”. “Veamos cuáles son las posibilidades. Yo no le tengo miedo a la democracia ni a la ciudadanía, y no tengo miedo de que en un futuro (haya un) Congreso constituyente, una convención constituyente o que el Congreso que elijamos en un tiempo más le corresponda este rol” Mario Desbordes También se ha mostrado abierto a la posibilidad de realizar un plebiscito para una nueva Constitución.

El senador Manuel José Ossandón. “Yo lo estoy estudiando, pero no me parece nada de loco. Tenemos que escuchar a la gente de una vez por todas”, dijo a radio ADN. “Si se hace en forma ordenada y en forma responsable, por supuesto (que estoy de acuerdo)”, añadió. En el mismo partido, también manifestó su disposición a debatir la diputada Marcela Sabat. “No estamos en condiciones de darnos el lujo de negarnos a debatir nada”, dijo a Radio U. de Chile. “Estamos hablando de un nuevo Chile, un Chile que cambió, que quiso hacerse escuchar, y hoy nosotros tenemos que estar a la altura y escuchar. Si una de sus prioridades es la nueva Constitución, vamos a tener que iniciar ese debate”, agregó.

En la UDI, en tanto, no tiene la misma recepción. “Se ha reformado varias veces la Constitución y si hay que hacer algún cambio para sacar adelante uno de los proyectos de la agenda social, nosotros vamos a estar disponibles. Pero de ahí a centrar la discusión en el cambio constitucional, me parece que es no entender lo que ha pasado durante estos últimos diez días”, dijo la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe. Un “procedimiento” clave Ya en 2015, el doctor en Filosofía y académico de la Escuela de Gobierno de la UAI, Cristóbal Bellolio, creía que el mundo liberal, de centro y de derecha debía convencerse de que sumarse a la demanda por una nueva Carta Fundamental era “una buena idea”. Así lo expresó en su libro “Pinochet, Lagos y nosotros: Ensayos sobre la cuestión constituyente” (Debate, 2015). A su juicio, la razón que fundamentaría una nueva Constitución “no es tanto su contenido, sino su procedimiento”. “La forma a través de la cual se elabora es una oportunidad para relegitimar la política en Chile. Yo pongo mucho más acento en el procedimiento que en el contenido. Si el producto de una Asamblea Constituyente termina siendo un texto muy parecido al actual, no es un problema si efectivamente participaron todos, y si todos podemos sentir, de alguna manera, que lo que está ahí nos pertenece”, dice. “La idea es que sintamos que la Constitución efectivamente es el mínimo común de los chilenos y no un escudo con el cual un sector se defiende del otro, ni menos un arma con el cual un sector ataca a otro” Cristóbal Bellolio Es esa la crítica que hace al proceso que llevó el gobierno de Bachelet: “El gran problema fue que no les importó nunca el procedimiento, porque lo que les importaba era decir que la Presidenta había hecho una nueva Constitución”.

“Tampoco invitaron a la derecha a participar de un procedimiento en el cual había garantías para todos los sectores de proponer sus términos, sino que la invitaban a sumarse a las propuestas y contenidos que la izquierda ya había definido”, dice. “Lo que yo sostengo es que acordemos un procedimiento que nos dé garantías de participación relativamente igualitarias”, propone. “El proceso que inventemos tiene que ser uno tal que, cuando aparezca el producto, todos digamos: yo participé en esto, las reglas fueron justas, por lo tanto el resultado es justo. La idea es que sintamos que la Constitución efectivamente es el mínimo común de los chilenos y no un escudo con el cual un sector se defiende del otro, ni menos un arma con el cual un sector ataca a otro”, añade. Para Bellolio, el proceso tiene que ser “bien pensado”. Propone una hoja de ruta: en las elecciones municipales, agregar una urna para plebiscitar la idea y su método. “Si gana una Asamblea Constituyente, que junto con los parlamentarios se elijan delegados, que no puedan ejercer funciones públicas después para que no saquen provecho personal, y los hacer participar de cabildos y conversaciones con las bases. Que ellos le propongan a Chile un texto, y que ese texto se vuelva a plebiscitar”, comenta. “El problema es que Piñera no cree en el proceso y eso es un problema grave, pero por otro lado Piñera también es un jugador y, me imagino, no quiere pasar a la historia como un Presidente fracasado sino como uno que fue capaz de conducir un conflicto en forma exitosa. Yo creo que una de las formas en las cuales podría pasar a la historia es dando el pase para una nueva Constitución”, menciona.

Los alcances del “pacto social” Es un debate que al director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, no lo tomó por sorpresa. “Si bien el movimiento tiene muchas demandas muy heterogéneas, y por tanto muy difíciles de leer y condensar, algunos grupos políticos —en especial el Frente Amplio— tienen desde hace mucho tiempo la idea de avanzar hacia una Asamblea Constituyente”, comenta a Emol. Entre esas demandas, reconoce, aparece con fuerza la de “un nuevo pacto social”. “Se ha puesto sobre la mesa el problema de la legitimidad política, de los abusos, de los niveles de desigualdad en Chile, y tenemos que avanzar sí o sí en corregir ciertas inequidades en materia de acceso a la salud y a pensiones, por ejemplo.

Un nuevo pacto social a mí me parece de toda lógica”, dice. Para él, eso sí, la discusión en torno a ese pacto y la que se genera alrededor de la idea de una nueva Constitución son distintas. “Para hacer mejoras estructurales hoy día y no simplemente cambios cosméticos, uno podría pensar en muchos cambios vía legal, administrativa, simbólica o con cambios parciales a la Constitución. Todo eso, que podría ser el contenido de un nuevo pacto social, no se identifica necesariamente con reemplazar íntegramente la Constitución”, opina. “Yo creo que hay que dar señales de apertura, de humildad y de espíritu republicano. Sería muy lindo que dijeran que, aunque esto no estaba en su agenda, reconocen que es parte de ese nuevo pacto y que lo van a poner en juego a partir de un proyecto para el que la ciudadanía se manifestó en su minuto” Claudio Alvarado Sin embargo, Alvarado considera que pensar además en una nueva Carta Fundamental no debería ser descartado, como una etapa posterior en el cronograma.

Primero, cambios que tengan efecto inmediato para responder a las demandas específicas de la ciudadanía, y después, en un “segundo momento”, una discusión constitucional “en serio, que tenga posibilidad de éxito y de ser tierra compartida de los distintos sectores”. Alvarado también escribió un libro al respecto, llamado “La ilusión constitucional” (IES, 2016). En él sostiene que lo que hoy rige en Chile ya no es “la Constitución de Pinochet” sino más bien “la Constitución de la transición”. “Lo que sirvió para legitimar la Constitución durante la década de los 90 y principios de los 2000 es justamente lo que hoy día explica el descontento”, expone. “Son esas lógicas y esos arreglos institucionales los que quedaron puestos en entredicho y fuera de foco por muchos motivos, porque esa generación de la transición llegó a ser símbolo de las desigualdades, de una elite política que de frentón incurrió en prácticas permisivas con los abusos de la elite económica. Yo creo que ese es el dilema de fondo”, asegura.

En ese sentido, su recomendación es retomar el proceso que inició Bachelet. “Ahí está la materia prima”, afirma. “Aquí está en juego, como ha dicho mucha gente, la democracia que tenemos. Yo creo que hay que dar señales de apertura, de humildad y de espíritu republicano. Sería muy lindo que dijeran que, aunque esto no estaba en su agenda, reconocen que es parte de ese nuevo pacto y que lo van a poner en juego a partir de un proyecto para el que la ciudadanía se manifestó en su minuto”, acota.

Un “desacuerdo” que debe “resolverse” Para el director del magíster en Comunicación Política de la U. Adolfo Ibáñez, Max Colodro, “el Gobierno tiene que asumir que la sociedad chilena, y particularmente los actores políticos, arrastran desde hace ya demasiado tiempo un disenso o un desacuerdo en materia constitucional que no es bueno que el país tenga indefinidamente”. Su postura, dice, es “más bien realista”, y es algo que pensaba desde antes de que la crisis estallara. “En eso yo sería pragmático más allá de la opinión que haya en el Gobierno sobre esta materia, en el sentido de que para el bien del sistema político y de la institucionalidad es bueno que el desacuerdo en materia constitucional que hay en la sociedad chilena se resuelva finalmente en base a un consenso lo más amplio y transversal posible”.

“El Gobierno cometería un error si decide seguir manteniendo y eludiendo el hecho de que en la sociedad chilena, y en particular entre los actores políticos, hay un desacuerdo respecto de la legitimidad de la Constitución (…) De una vez por todas tenemos que asumir que tenemos un desacuerdo y que ese desacuerdo tiene que ser resuelto de alguna manera” Max Colodro Personalmente, Colodro se inclina por una opción similar a la que propone Alvarado. “Creo que el Gobierno podría incluso ser audaz y tomar el proyecto que dejó presentado el Gobierno de Bachelet, y podría entablar una discusión y tratar de generar un consenso en base a ese proyecto, que ya está en el Congreso”, propone. Es una opción que le convence más que la de una Asamblea Constituyente, y propone hacerla a través de una comisión constituyente con miembros de la Cámara y el Senado. “Hay que tratar de generar un consenso en torno y en base a ese proyecto.

En general creo que en Chile no sería muy adecuado y que sería muy difícil decidir quiénes integran una Asamblea Constituyente, y eso es complejo porque supone pasar por encima de la institucionalidad. Pero eventualmente una comisión bicameral en base a un poder que ya está constituido, como es el Legislativo, creo que es más fácil desde el punto de vista de la continuidad, de mantener cierta continuidad institucional”, agrega. Adicionalmente, Colodro asegura que “el Gobierno cometería un error si decide seguir manteniendo y eludiendo el hecho de que en la sociedad chilena, y en particular entre los actores políticos, hay un desacuerdo respecto de la legitimidad de la Constitución”. “Eso a la larga impide resolver muchas otras cosas. De una vez por todas tenemos que asumir que tenemos un desacuerdo y que ese desacuerdo tiene que ser resuelto de alguna manera”, concluye.

Fuente: Emol.com