Proyecto: los parlamentarios que sean candidatos a la Presidencia de la República y pierdan salgan del Congreso

Fue el ícono de los llamados a la descentralización y generó aplausos en el Congreso, pero desde que en 2018 fue promulgada la ley que instauró la elección popular de gobernadores regionales desde 2020, las dudas y cuestionamientos parecen ser la tónica.

Además de la incertidumbre sobre las competencias que tendrán esas autoridades, entre varias otras, se suma un factor netamente político: los posibles candidatos y las inhabilidades que enfrentan.

Para enfrentar ese punto, los diputados Issa Kort (UDI) y Pepe Auth (Independiente) iniciaron una serie de conversaciones hace algunos días, y tomaron la determinación de redactar un proyecto, cuyo borrador presentarán la próxima semana al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y aunque la inquietud surgió a propósito de la elección de gobernadores, el diálogo derivó en una modificación más profunda para abordar las inhabilidades que afectan a los distintos cargos de elección popular. Así, la propuesta de Kort y Auth significaría que quienes quieran postular a un cargo distinto al que ostentan deberán renunciar al momento de la inscripción de esa postulación, esto es, tres meses antes de la elección y no un año antes, como lo establece la normativa actual.

El primer efecto es que se permitirá que las autoridades que quieran postular al cargo de gobernador no tengan que renunciar en octubre de este año, sino que en julio de 2020, tres meses antes de los comicios. Y, el segundo factor, es una exigencia adicional: la renuncia será obligatoria también para los parlamentarios en ejercicio, por lo que, en caso de no resultar electos, se verán impedidos de terminar su período. Hoy eso no ocurre. Y un parlamentario puede postular a La Moneda y, en caso de perder, seguir ejerciendo su función como legislador.

Este fue uno de los cuestionamientos que afectó en el pasado a figuras de la centroizquierda, específicamente, los senadores Alejandro Guillier y Carolina Goic, quienes participaron de la carrera presidencial y, tras un resultado adverso, siguieron ocupando sus escaños en el Parlamento.

“Hoy la ley restringe a varias autoridades en ejercicio la posibilidad de ser candidatos a otros cargos. Sin embargo, ese ‘veto’ no es total, sino que tiende a favorecer a los legisladores en ejercicio y perjudica a otras autoridades electas. Es por esto que queremos proponer una reforma al sistema y liberar las opciones de ser candidatos a todos los ciudadanos, sean o no autoridades en ejercicio. Vale decir, cualquier ciudadano que inscriba algún tipo de candidatura cesará en el cargo al momento de hacer efectiva dicha inscripción”, dice Kort. “Lo que proponemos es el fin de las protecciones corporativas y de las inhabilidades que inhiben la competencia, pero asumiendo los riesgos y, por tanto, perdiendo el cargo que se ejerce cuando se busca ser elegido en otro cargo”, añade Auth.

Respecto del reemplazo -en el caso de un legislador que se inscriba en la presidencial y que, por lo tanto, deba dejar su cargo en el Parlamento-, la legislación actual contempla un sistema para que cada partido defina quién ocupará el cargo, aunque los diputados no se cierran a que eso pueda abordarse en la discusión en el Congreso.