La memoria: acto de ética política, y herramienta de supervivencia democrática

Por primera vez desde 1990, un gobierno en Chile no realizó ningún tipo de acto conmemorativo del quiebre institucional y político que nuestro país sufrió un 11 de septiembre de 1973. La actual administración, por supuesto, ha ofrecido algún argumento para su decisión, pero su formulación peca de débil.

El Presidente José Antonio Kast ha afirmado que su Gobierno prefiere abordar los desafíos de futuro, y es aquella afirmación de la máxima autoridad de la República, la que merece un primer desglose y análisis político.

El Presidente de la República es, desde luego, la máxima autoridad política del país. Lo es de manera circunstancial, durante un periodo de 4 años, y ostenta su cargo por elección popular; pero se espera de la persona que ocupa la primera magistratura, que también conozca su rol como jefe del Estado. El Estado, escrito con mayúscula, es aquella institución que, a diferencia de un Gobierno circunstancial, conforma el basamento institucional y jurídico sobre el que descansa la nación chilena. Y como tal, esta institucionalidad ostenta responsabilidades.

Así, nuestro Estado de Chile tiene a su haber grandes aciertos y triunfos; pero también carga con manchas y responsabilidades que, quisiéramos, nunca hubiesen ocurrido. Una de ellas es el quiebre democrático del 73, donde la responsabilidad de haber perseguido a compatriotas chilenos y violado sus derechos humanos, recae sobre él como organismo.

Es, por lo tanto, el Estado el primer llamado a ejercer acciones, en lo discursivo y en lo fáctico, que den garantías de no repetición sobre la ruptura de la democracia y la violación de los derechos humanos. Ello es independiente del color o coalición política de quien gobierna, pero es inherente a su condición institucional, de nuevo, como responsable de los hechos que ocurrieron. Ergo, quien está a cargo del Estado tiene el deber de seguir haciéndolo, y es una responsabilidad de la que no puede desligarse.

Frente a esta magna responsabilidad, el comportamiento el actual Presidente difiere de la actitud de otro mandatario, don Patricio Aylwin; quien empujó un pacto transicional, de carácter republicano. Aylwin, consciente de la estatura de su cargo, pidió perdón en nombre del Estado por estos hechos. Este pacto fue respetado, con todos los matices propios del quehacer político, hasta ahora por los presidentes de distintos signos; Kast fue el primero en quebrantarlo, lo que nos brinda una mirada sobre el posicionamiento ideológico y pragmático de su ejercicio gubernamental.

Un segundo punto político es la validación que la actual administración tiene, o no tiene, sobre conceptos como memoria, negacionismo y democracia. La memoria es importante en un sentido humano, como respeto y reverencia a quienes fueron pasados a llevar o simplemente aniquilados; pero junto con ello, y tan potente como aquello, es que se trata de una herramienta de supervivencia democrática.

Pensadores y filósofos como Paul Ricoeur o Tzvetan Todorov nos ayudan a comprender que la falta de memoria u olvido institucionalizado no son pasivos, y pueden adquirir una dimensión políticamente activa; decir, e insistir en que es necesario “dar vuelta la página” –en lugar de recordar para no repetir– se perfila como un acto de posible negacionismo por parte del Gobierno, relativizando lo que no se debe. Este es un comportamiento especialmente problemático, si miramos al mundo que actualmente nos toca enfrentar.

Hoy, tenemos en frente un nuevo auge de pensamientos que buscan abordar los males actuales de la sociedad, relativizando la capacidad de las democracias liberales para enfrentarlos. No se dice, pero se sugiere, que las democracias liberales han llevado, con mayor o menor grado de responsabilidad, a los países hasta un punto de descontento y caos, pintándolas como parte del problema. Luego, se proponen con poco pudor soluciones iliberales, porque si la democracia liberal ha generado estos problemas, ¿por qué los resolvería?

De allí, hay sólo un paso: las democracias no extravían sus límites de un momento a otro. Los límites se desdibujan cuando algunos comportamientos, o abusos, comienzan a parecen menos intolerables para la ciudadanía.

En distintas latitudes se repite el manual de dar, o buscar dar, a las autoridades de un determinado Gobierno nuevas facultades para restringir o coartar la libertad, so pretexto de combatir a un enemigo interno. Se hace, con astucia, en combates tan legítimos como los que se llevan contra el narcotráfico o el crimen organizado, pero donde la dignidad humana de cada persona frente a la ley y la fuerza del Estado –y sobre todo de aquellas que son completamente inocentes, y que pueden ser perseguidas por error– nos obliga a medir y limitar el uso de esa fuerza.

Entonces, cabe la legítima interrogante: ¿Por qué la defensa de la seguridad, o el combate al crimen organizado, deben reñirse con el respeto por las libertades y las derechos humanos de las personas que componen una sociedad? ¿No es posible perfeccionar nuestra institucionalidad, siguiendo el ejemplo de todo un bloque de países desarrollados, en lugar de sucumbir al limitado ejemplo de unos pocos caudillos? A nuestro entender, no es posible que se utilice una crisis de seguridad, o el necesario combate al crimen organizado, para pedir cartas blancas en el uso y ejercicio de la fuerza, que el Estado monopoliza, pero dentro de ciertos márgenes hasta ahora.

Todo lo anterior redunda en la siguiente reflexión: ¿Es funcional la falta de memoria para la aplicación de recetas iliberales? ¿Estamos permitiendo que se vaya moviendo el cerco de lo éticamente aceptable, con la venia de una parte de la sociedad, que deja de creer en la democracia liberal y le da una oportunidad a otras alternativas?

Lamentablemente, la actitud del Presidente Kast es un indicador de sus preconcepciones sobre los derechos humanos. Los indultos son una facultad legal que tiene un presidente, pero su utilización es una señal profundamente política. En un primer momento, el Presidente Kast anunció indultos por crímenes durante el estallido social; luego, el ministro de Defensa ha señalado que la mayoría de “solicitudes” son por crímenes de la dictadura; y hace algunas horas, el mandatario dijo que nadie debe morir en la cárcel. ¿Qué nueva noticia nos va a dar el Presidente?

Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador