El Gobierno y su Ley de Presupuestos 2027:hacia una derogación de hecho de la Ley Indígena
33 años se cumplieron, este mes de octubre, desde que fue promulgada la Ley Indígena N° 19.253 en el año 1993.
Con matices, la gran diversidad que existe en nuestro pueblo mapuche tiende a coincidir en su valor, a pesar de los virtudes y defectos que ésta tiene, como un derecho adquirido que es necesario defender; y como la única herramienta que ha permitido que, hasta el momento, se hayan podido recuperar para el pueblo mapuche casi 400 mil hectáreas mediante los mecanismos 20a y 20b.
Pero, si miramos incluso pocos años antes, el valor político de la Ley Indígena radica en que fue fruto de un gran pacto. Ocurrió en Nueva Imperial, en diciembre de 1989, cuando el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin y los pueblos indígenas que le entregaron su apoyo, acordaron que el Estado reconocería su deuda territorial con ese mundo. De ese mismo acuerdo nacieron entonces la Conadi, su Consejo Nacional con representantes indígenas, y el Fondo de Tierras y Aguas, el mecanismo concreto que ha financiado la recuperación hasta ahora.
Sin embargo, el actual Gobierno está desconociendo aquel pacto de Estado. Y lo hace sin que medie derogación alguna de la Ley Indígena, ni eliminación de ninguno de sus acápites.
¿Cómo así? ¿Cómo es posible que se limite la acción de un órgano del Estado, sin eliminarlo, y sin modificar el estatuto legal que lo respalda? Cortando la llave de su financiamiento. Por eso es que el Presupuesto 2027 rebaja el presupuesto global de la Conadi en un 16,1%; y el Fondo de Aguas y Tierras Indígenas, es decir, los recursos directos para la compra de tierras, cae en más del 30%, al considerar en el cálculo la inflación.
En todo caso, una cierta animosidad del Gobierno para con la Conadi y su cometido no son nuevas noticias: antes de la presentación de este Presupuesto 2027, el Gobierno del Presidente José Kast había recortado el Fondo en tres oportunidades este año, por un total de más de 10 mil millones de pesos, y suspendido prácticamente toda ejecución presupuestaria de los recursos que quedan, dado que hasta fines de agosto casi no se registraba ejecución.
¿No son elocuentes estos hechos, respecto de la postura política que tiene el actual Gobierno, que no es para nada cercana a la descripción historiográfica y la interpretación histórica del despojo sufrido por el pueblo mapuche?
Testimonios seguimos encontrando: otro episodio es la tardanza, advertimos injustificada, en el nombramiento de los ocho representantes indígenas al Consejo Nacional de la Conadi. El Gobierno demoró hasta el 8 de septiembre en oficializar la designación, siendo que los pueblos votaron a su consejeros el 19 de abril pasado; el hecho redundó en que los nuevos consejeros no tuvieron injerencia alguna en la proposición de presupuesto del servicio, tal como lo asegura la ley. En efecto, sesionaron por primera vez el 1 de octubre, un día después del plazo para ingresar el proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso; y en resumen, todas las rebajas de este año, y el presupuesto completo de 2027, se decidieron sin la voz de quienes la Ley Indígena mandata sentar a la mesa.
Así las cosas, ¿en qué queda la espera del pueblo mapuche? La conclusión a la que llegó la Comisión de Paz y Entendimiento es que con el sistema actual, completar la demanda de tierras sólo de comunidades con aplicabilidad, o que la han solicitado, tomaría entre 80 y 162 años. Pero, si consideramos el nuevo ritmo de ejecución presupuestaria prácticamente nula del nuevo Ejecutivo, el plazo más optimista sube a 115 años.
Como puede verse, una sumatoria de gestos y señales políticas nos empujan a colegir: la política pública indígena es de última prioridad para un gobierno de ultraderecha. Se ve como un problema a postergar, y una institucionalidad que se considera accesoria, inclusive inoficiosa. Pocos recodos del entramado se salvan de esta tijera, porque también fuera de Conadi, los recortes caen sobre el PDTI del Indap; la Beca Indígena; los hogares indígenas de la Junaeb; el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, o el Programa de Asuntos Indígenas de la Subsecretaría del Interior, con recortes en el Plan Buen Vivir.
En suma, el Ejecutivo se encamina a repetir errores de un pasado cercano: entre las Leyes de Presupuestos de 2018 y 2022, el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas perdió casi el 31% de su valor real. Algo que el Presupuesto 2027 propone repetir, pero en un solo periodo, para dejarlo en su nivel más bajo desde 2013. El problema es que cada recorte es una deuda política, acumulativa, de cara al Gobierno siguiente –que deberá encarar el retraso–; pero sobre todo, de cara a la espera del pueblo mapuche.
Hasta este punto, he descrito los componentes de una situación que considero grave: la derogación de hecho –mas no de derecho, no todavía– de la Ley Indígena: sigue vigente, pero sus cursos de acción son financieramente desfondados. Es una forma direccionada, pensada e intencionada de debilitar la institucionalidad indígena, pero bien disfrazada en una Ley de Presupuestos de más de mil 500 páginas, que inclusive al mundo político nos toma semanas de trabajo y estudio poder procesar. El honor del pacto político, entre el Estado y sus pueblos originarios, queda en el olvido.
Porque desfinanciar también es derogar; pero los pueblos indígenas, y su dignidad, no se derogan jamás.
