Oposición impulsa investigación parlamentaria por actuación de exministra Steinert tras pronunciamiento de Contraloría

La oposición anunció la presentación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados con el objetivo de revisar las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del reciente dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones de su cargo.

La iniciativa, respaldada por parlamentarios de distintos sectores, busca establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar si existieron incumplimientos en el ejercicio de la función pública y evaluar el impacto institucional de las actuaciones cuestionadas por el órgano contralor.

Desde la comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Tatiana Urrutia sostuvo que el Gobierno deberá entregar las explicaciones que, a su juicio, quedaron pendientes durante la tramitación de este caso. La parlamentaria afirmó que la investigación no responde a una disputa política, sino a la necesidad de esclarecer la actuación de una autoridad encargada de la seguridad pública en un contexto relacionado con investigaciones sobre crimen organizado.

En paralelo, el diputado Jaime Araya señaló que, por ahora, la prioridad será desarrollar una investigación parlamentaria antes de evaluar otras herramientas de fiscalización. Según explicó, la intención es reunir todos los antecedentes disponibles para determinar las responsabilidades que correspondan.

El legislador agregó que la comisión buscará establecer qué nivel de conocimiento tuvieron distintas autoridades del Ejecutivo respecto de los hechos observados por la Contraloría, incluyendo al Presidente de la República, asesores del denominado Segundo Piso y el Ministerio del Interior.

Aunque descartó impulsar de inmediato una acusación constitucional, Araya indicó que esa alternativa no ha sido eliminada del escenario político. Precisó que dicha acción podría ser evaluada si durante la investigación aparecen nuevos antecedentes que acrediten eventuales responsabilidades de mayor gravedad por parte de la exministra u otras autoridades del Gobierno.

Con esta decisión, la oposición inicia una nueva etapa de fiscalización parlamentaria centrada en esclarecer las circunstancias que motivaron el pronunciamiento de la Contraloría y las eventuales consecuencias políticas y administrativas derivadas del caso.